sábado, 18 de noviembre de 2006

El Pueblo Argentino y el Derecho a la Paz

Sin lugar a dudas –y la violencia en Medio Oriente así lo comprueba- la paz social, tanto nacional como internacional, se constituye en uno de los bienes más importantes a los que debe aspirar todo pueblo para vivir dignamente. No es posible el progreso, con el consiguiente mejoramiento del bienestar de los habitantes, sin un ambiente de paz social que proporcione las condiciones adecuadas para el desarrollo de la persona humana.

Por tal razón, la consecución de la paz es una de las principales responsabilidades de todo gobierno. Por algo su logro es uno de los objetivos nacionales que los distintos pueblos plasmaron en sus constituciones fundacionales. Casi todas las Convenciones y Declaraciones Internacionales, desde la Carta de Fundación de Naciones Unidas, la establecen como una de sus metas más importantes.

Si bien la paz es consecuencia de la justicia, no alcanza su plena realización en ella. Fruto del corazón de la persona, la paz sólo se encuentra cuando el perdón y la reconciliación se sobreponen al odio y al resentimiento. De este principio deriva la enorme responsabilidad de los distintos gobiernos por crear las condiciones para fomentar en el espíritu de los ciudadanos actitudes pacíficas, tendientes a superar los conflictos del pasado.

Si hasta resulta difícil hacer “justicia” en los hechos delictivos y conflictos vivenciados en un ambiente de tranquilidad pública, su logro en situaciones de guerra o de graves conflictos armados, constituye una tarea titánica, muchas veces impracticable, por las lógicas subjetividades de quienes están inmersos en el conflicto.

Fue por ello que la comunidad internacional, ya en el año 1977, cuando consagraba el Protocolo II Adicional a las Convenciones de Ginebra, en el Inciso 5 de su artículo 6, expresaba: “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.”

La construcción ideal de la paz resulta de la justicia. Pero las limitaciones humanas y la complejidad de algunas situaciones, imponen, algunas veces, que el olvido superador permita a los pueblos reencontrarse en el perdón y la reconciliación, que son los pilares más importantes de la paz social.

Ahora bien, ¿Por qué nuestro país continúa anclado en el pasado? ¿Cumplieron los distintos gobiernos con su obligación indeclinable de crear las condiciones para la paz? ¿Por qué no se aplicó en nuestro país el Protocolo II recientemente presentado?.

Una rápida mirada a lo sucedido en estos años de democracia nos permitirá comprender que desde 1983, hasta el presente, la mayor parte de los gobernantes no ha estado a la altura de las necesidades de la historia. Por distintos motivos, salvo honrosas excepciones, ninguno de los ocupantes de la Casa Rosada tuvo la grandeza del estadista para cerrar definitivamente el capítulo setentista.

Uno de los últimos actos del Gobierno Militar, tal vez considerando las exigencias de un Tratado Internacional que todavía no nos vinculaba, fue dictar una ley de amnistía, que comprendía tanto a los militares como a los terroristas que habían atentado contra la democracia, la paz y los derechos humanos de la población argentina.

Uno de los primeros actos del gobierno alfonsinista fue anular dicha amnistía, por haber tenido su origen en un gobierno de facto, al tiempo que impulsó el procesamiento de las tres Primeras Juntas Militares y de los cabecillas de las Organizaciones Terroristas. En realidad, de estas dos decisiones políticas, la primera fue la única que contó con el esfuerzo y la voluntad de los poderes constituidos, persiguiendo penalmente a los agentes del estado y dejando en una amnistía de hecho, a los terroristas que atentaron contra la nación.

Alfonsín no tuvo la virtud de la ecuanimidad, para buscar de verdad la justicia plena, ni la grandeza del estadista, para impulsar una ley de amnistía que creara las condiciones para un futuro mejor. Se quedó a mitad de camino, y con esa actitud les privó a las nuevas generaciones de vivir en plenitud el derecho a la paz. Y para ello, no dudó en acudir a algunas triquiñuelas que es conveniente rescatar del olvido.

El 25 de setiembre de 1986 el Congreso de la Nación ratificaba por ley el Protocolo II Adicional a las Convenciones de Ginebra y el 09 de Octubre esta ley era promulgada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, recién sería publicada en el Boletín Oficial el 09 de junio de 1988, dos años después de haber sido dictada, ¿Por qué se tomaría esta medida?.

Para comprenderlo hay que tener presente que esta ley, vinculante para nuestro país, aceptaba y alentaba que la Amnistía era un mecanismo válido para superar los conflictos armados internos no internacionales. Y en el año 1986 la Corte Suprema de Justicia se encontraba analizando los recursos presentados por los defensores de los militares en el Juicio a las Juntas, que basaban la misma, entre otras cosas, en la validez constitucional de la Amnistía dictada por el gobierno de Bignone. ¿Podría mantenerse firme la sentencia si la Corte hubiera tenido que considerar como Ley vinculante lo establecido en el Inciso 5 del Artículo 6 del IIdo Protocolo a las Convenciones de Ginebra?.

Como las leyes entran en vigencia después de su publicación en el Boletín Oficial, Alfonsín sólo tuvo que cajonear el expediente hasta que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena, y recién entonces, ordenar su registro en el Boletín Oficial. Con esta sencilla trampa, el gobierno radical nos privó a los argentinos de poder alcanzar rápidamente la verdadera paz social. ¿Buscaba realmente la justicia? ¿Fue un instrumento de la revancha? ¿O el oportunismo político lo llevó a ignorar la exigencia de la paz?.

La historia siguió su rumbo, y las necesidades políticas llevaron a la aprobación de dos leyes, que aunque imperfectas, sirvieron para descomprimir las injusticias y alentaron la pacificación nacional. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, seguidas por los Indultos Presidenciales que efectuaron otras administraciones, sirvieron para subsanar, al menos parcialmente, los errores cometidos y crearon las condiciones apropiadas para encarar un proyecto de país, donde los lazos de unión prevalecieran sobre el resentimiento.

Así llegamos al 2003 y como en las viejas políticas de ficción, el túnel del tiempo nos instaló nuevamente en el punto de partida. La casualidad quiso que la soberbia montonera llegara al gobierno a través de las urnas, y una política revanchista, facciosa y resentida, derrumbó paso a paso todos los instrumentos creados para llegar a la paz social.

En nombre de la justicia, que debiera ser ecuánime, se persigue actualmente a los agentes del estado que combatieron al terrorismo, al tiempo que se dejan impunes los miles de crímenes cometidos por las organizaciones político – militares que apelaron a la guerra revolucionaria como estrategia para la toma del poder. Se indemniza a los familiares de los desaparecidos, pero se niega el resarcimiento correspondiente a las víctimas de la guerrilla marxista. Se alienta la condena social al llamado terrorismo de estado, pero se estimula el reconocimiento a quienes tomaron las armas contra la sociedad y la democracia en los 70.

A esta altura de los acontecimientos, en los umbrales del bicentenario de nuestra patria, y en momentos en que una nueva campaña eleccionaria se aproxima, es hora de preguntarnos si la clase política del siglo XXI estará a la altura de las necesidades de un presente convulsionado. ¿Tendrán los Macri, Lavagna, Lopez Murphy, Carrió, Terráneo, Patti, Binner, Sobish, Menem o Rodríguez Saa, la grandeza y el coraje de los estadistas para convocar una amplia y generosa amnistía, o seguiremos “cajonenando” en el oportunismo político o el resentimiento, el derecho de todos los argentinos a restaurar la paz social?.

sábado, 28 de octubre de 2006

Roberto Felicetti como Director General de Políticas de Reciclado Urbano de la ciudad de Buenos Aires

Nuestro querido país da para todo. Daría la impresión que nuestros gobernantes ponen a prueba todos los días nuestra capacidad de asombro. Fuentes reservadas aseguran que entre los requisitos para ser funcionario de las distintas variantes del oficialismo kirchnerista, un aspecto es determinante: el haber ejercido o alentado la violencia contra el estado nacional en algún momento de nuestra historia.

Da lo mismo que hayan sido montoneros, erpianos o actuales piqueteros. Lo importante es que tengan en sus venas un desprecio cabal por la ley, la democracia y las instituciones. Lo esencial es que el pensamiento totalitario y delirante sea su signo distintivo.

Así podemos comprender la designación de Roberto Felicetti como Director General de Políticas de Reciclado Urbano de la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién podría tener más meritos? Luis D elía parece una maestra jardinera a comparación suya. En su haber cuentan la muerte de 2 policías de la Provincia de Buenos Aires y 9 integrantes del Ejército Argentino, entre los que se destacan 4 soldados conscriptos.

Algo hay que reconocer. En el nombramiento de Telerman se equilibra un poco la balanza. Ya había demasiados montoneros en la administración pública. Los erpianos reciclados en el Movimiento Todos por la Patria también tienen sus derechos. Gracias, presidente; gracias Jefe de Gobierno. Sus disparates diarios ayudan al pueblo argentino a conocer el verdadero rostro del progresismo que nos gobierna.

sábado, 16 de septiembre de 2006

Obediencia Debida

El 15 de setiembre se conmemoró el bicentenario de la creación del Regimiento Patricios. También se recordaba el día de la Infantería, el arma de los sueños de mi esposo y la razón de ser de nuestra presencia en dicha ceremonia.

Habiendo iniciado el acto, un joven oficial le dice a mi marido, que por orden del General Bendini tenía que retirarse. Mi esposo, con mucho dolor acata la orden y se va por donde había ingresado. Me comunican entonces que yo también tenía que hacerlo, pero le recuerdo al joven capitán que no tengo estado militar. Me piden la tarjeta de invitación… y o casualidad, nadie alrededor la tenía. ¿Por qué justamente yo me tenía que ir?.

Como no acataba la “orden”, aproximadamente 20 uniformados, apoyados por personal civil de inteligencia, forman un doble cordón para que no pudiera moverme. Conforme avanzaba la ceremonia, la presión se hacía más intensa. Finalmente no me quedó más remedio que asumir la “obediencia debida”. Grotesco, ridículo, pero una muestra acabada de hasta donde ha llegado la persecución.

Yo me pregunto… expulsar a la esposa de un oficial del Ejército Argentino de una fiesta por la cual ya había pagado… ¿Forma parte de la Obediencia Debida o es una Orden manifiestamente inmoral? ¡Cuántos están delinquiendo en las instituciones de mi patria!.

miércoles, 9 de agosto de 2006

La Libertad Amenazada

Como no podía ser de otra manera, tarde o temprano el régimen muestra su verdadero rostro. La dictadura del pensamiento único se presenta tal cual es y para eso recurre a un viejo, mentado y ridículo recurso: la existencia de un supuesto plan desestabilizador.

Y este anuncio de los nuevos voceros presidenciales, no por infantil, deja de ser peligroso. Porque abre el camino para profundizar la limitación de las libertades individuales. Todos los gobiernos con vocación hegemónica acudieron históricamente a este recurso para cercenar los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.

No contento con limitar la libertad religiosa y la libertad de expresión, el gobierno centra su esfuerzo en la anulación de la libertad de pensamiento. Ya no sólo no podemos hablar, sino que ni siquiera se puede pensar distinto, porque automáticamente pasamos a formar parte de un complot que procura atentar contra el presidente.

Es cierto que no comparto la política hemipléjica de derechos humanos orquestada desde la Casa Rosada. Es cierto que entiendo que sólo una ley de amnistía amplia y generosa nos permitirá a los argentinos superar las heridas de un pasado violento. Es cierto que no me gusta ver a mi país alineado internacionalmente con Chávez y Fidel Castro. Es cierto que defiendo la vida humana desde el momento mismo de la concepción. Pero, me pregunto… ¿Me constituye esto en una peligrosa delincuente? Cuidado, argentinos, porque hoy vienen por mi… ¿y mañana?.

sábado, 5 de agosto de 2006

La Secretaría de Derechos Humanos y el Derecho a la Vida

Los últimos días, se ha instalado en la opinión pública el recurrente tema del derecho al aborto. Al respecto, las diputadas por el Frente para la Victoria, Diana Conti y Graciela Rosso formalizaron el pedido de Jury de enjuiciamiento contra la jueza Siro, quien en uso de sus atribuciones, y en defensa de un inocente e indefenso niño, prohibió la realización del aborto a una joven discapacitada.

Carmen Argibay, miembro de la Corte Suprema de Justicia, en una descalificación indirecta de la conducta de la jueza, dijo que habría que echar de la justicia a quienes juzgan de acuerdo con sus creencias. En la misma línea se expidieron algunos legisladores de Chubut, para quienes la jueza habría privilegiado sus convicciones religiosas por sobre la tipificación de un delito penal.

Días atrás, a raíz de una entrevista con el Dr Luis Duhalde, el Secretario de los Derechos Humanos me obsequió un libro muy interesante: “la República Argentina y los Instrumentos Jurídicos Internacionales sobre Derechos Humanos” (Edición Mayo de 2006).

En su página 194, al referirse a la Convención de los Derechos del Niño, el documento afirma que Argentina “entiende por niño a todo ser humano desde el momento de su concepción hasta los 18 años de edad”. Entonces cabe preguntarse: ¿Quién obra de acuerdo a sus creencias y quién de acuerdo a la Ley?. Al parecer, algunas diputadas y algunos jueces tendrían que repasar un poco lo que está escrito en la ley positiva. Especialmente, la señora Conti, quien si mal no recuerdo, se desempeñó como Secretaria de Derechos Humanos, cuando dicha convención ya era ley en Argentina.

miércoles, 26 de julio de 2006

La Memoria Parcial del Canciller Jorge Taiana

El día 24 de julio, nuestro canciller inauguró en el Palacio San Martín una muestra fotográfica sobre el último gobierno militar denominada “Imágenes para la Memoria”.

Cabe preguntarse ¿Habrá alguna fotografía que resguarde para la memoria el cuerpo inerte de la joven Paula Lambruschini o de la niña Cristina Viola? ¿Podremos los argentinos encontrar alguna imagen que muestre el dolor de los hijos del profesor Sacheri o de los familiares del Ingeniero Amelong? ¿Se reflejará en algún escaparate el sufrimiento vivido por tantos argentinos en las Cárceles del Pueblo? ¿Estarán representados los más de 20 mil atentados cometidos por los terroristas para tomar por asalto el poder en nuestra querida patria?.

O quizás algo más cercano al señor Jorge Taiana. ¿Se exhibirá al público alguna fotografía referida a la bomba que se hiciera estallar en el bar porteño “El Ibérico” el 4 de julio de 1975 y que le costara la vida a dos parroquianos totalmente inocentes?. Porque de eso no puede haberse olvidado, ya que estuvo detenido, junto con su mujer, por la responsabilidad que le habría cabido en el hecho.

Conociendo que no se encuentra ninguna referencia a los demenciales atentados perpetrados por los compañeros de ruta del mencionado ministro, propongo a la ciudadanía que asista a la muestra, que exija a los organizadores una visión completa y adulta de la historia. Porque los argentinos ya estamos grandecitos para que desde el poder nos sigan engañando con esta nueva historia oficial.

jueves, 29 de junio de 2006

Las Violaciones a la Constitución Nacional y a las Leyes por parte del Gobierno Nacional

El día 29 de junio en la sede del Partido Demócrata de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se desarrolló un Seminario titulado "Las Violaciones a la Constitución Nacional y a las Leyes por parte del Gobierno Nacional". Reproducimos las palabras de la Sra. Cecilia Pando de Mercado.
En dicho evento, donde participaron aproximadamente 160 personas, expusieron los además Doctores Enrique Pinedo y Federico Young.

Presentación de CECILIA PANDO DE MERCADO

Introducción

En primer lugar, quisiera agradecer al Partido Demócrata la invitación para integrar este panel, acompañada por tan prestigiosos profesionales. Integrar una mesa junto al Doctor Enrique Pinedo o el Doctor Young, es un orgullo para cualquiera y en mi caso particular, siento que es un reconocimiento inmerecido. Pero bueno, la comisión directiva pensó que yo podía aportar algo y humildemente trataré de hacerlo.

De más está decir que plantear un Seminario bajo el tema “La Violación de la Constitución Nacional por parte del Gobierno”, en el clima de paranoia persecutoria que se está viviendo en la Argentina, demuestra también un Coraje Político poco usual en nuestra clase dirigente, por parte de este Histórico Partido Político.

El Doctor Pinedo nos explicaba recién las distintas violaciones a los principios, derechos y garantías constitucionales que se están vulnerando en los distintos juicios por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Revolucionaria de la década del 70.

A esta altura de los acontecimientos podemos preguntarnos si estamos viviendo en un auténtico estado de derecho. En líneas generales se reconoce como Estado de Derecho, al régimen político que se ajusta en el fondo y en las formas a lo establecido en las Leyes que rigen el país.

Y la Constitución es la Ley Primera y Fundamental. Esta consta de dos partes. La primera referida a las Declaraciones, Derechos y Garantías y la segunda, referida a las Autoridades de la Nación. Con algunas deficiencias, podemos convenir que se estaría cumpliendo con la segunda parte de la Carta Magna, al menos en lo que se refiere a la elección de las autoridades. Pero qué pasa con la Primera Parte de la CN. ¿Qué pasa con las Declaraciones, Derechos y Garantías? Personalmente creo que para que exista un Verdadero Estado de Derecho, debería cumplirse la totalidad de la Constitución Nacional. Y eso no esta pasando en la actualidad. A raíz de mi experiencia personal iremos desgranando algunos de los derechos civiles vulnerados por este gobierno.

El Derecho a la Libertad Religiosa

Como ustedes bien saben, los distintos problemas en mi vida familiar comenzaron a surgir a raíz de una Carta de Lectores donde le negaba al Presidente de la República, el derecho a sacar a Monseñor Baseotto como obispo Castrense de las Fuerzas Armadas.

Dejando de lado los aspectos de política internacional entre los estados, y las cuestiones jurídicas relacionadas con ella, tales como la determinación de si el Poder Ejecutivo tiene derecho a romper un Concordato aprobado en forma previa por el Congreso, ya que el Inciso 22 del Artículo 75 de la Carta Magna establece como una Atribución del Congreso el “Aprobar o desechar los Concordatos con la Santa Sede” ¿Puede el Poder Ejecutivo, unilateralmente, romper un concordato, previamente autorizado por el Congreso, o debería contar con autorización del mismo?.

Dejando esto de lado, prefiero que nos detengamos a analizar este tema desde otra perspectiva, un poco más humana y práctica. La constitución Nacional, en su artículo 14 dice claramente que todos los habitantes de la nación gozan del derecho a “profesar libremente su culto” y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con rango Constitucional a partir de las reformas de 1994, expresa claramente en su artículo 18 que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”. Dejemos de lado la referencia a la libertad de pensamiento, para detenernos a considerar lo relacionado con la libertad religiosa.

Este concepto incluye no sólo el derecho a vivir interiormente en nuestra conciencia nuestras convicciones religiosas, sino también la facultad de poder manifestar nuestras creencias en plenitud, tanto en público como en privado, sin que el estado pueda coartar el ejercicio de estos derechos. ¿Y qué está sucediendo en la actualidad? Al menos un sector de la sociedad, el conocido con el nombre de Familia Militar, no está teniendo la posibilidad de vivir en plenitud estos derechos.

Pensemos por ejemplo en una típica situación: el Sacramento de la Confirmación... que como saben los católicos, debe ser administrado ordinariamente por el Obispo de la diócesis a la cual pertenece el bautizado. Pensemos en esta situación... que es un problema real de muchos militares argentinos. Pensemos en un miembro de la familia militar que desea recibir el Sacramento de la Confirmación, que como dijimos anteriormente, debiera ser administrado por su Obispo... Monseñor BASEOTTO.

Como familia militar normalmente tenemos las capillas en instalaciones sujetas a jurisdicción militar. Razón por la cual sería necesaria la presencia de Monseñor Baseotto en los Cuarteles... ¿Qué debería hacer el militar que se encuentra en esa situación? ¿Puede o no puede recibir a su Obispo? ¿O tiene que hacerlo a escondidas, como en la época de las catacumbas por temor al nuevo Cesar de los argentinos?. Esto sucede actualmente… esto es una realidad… no estoy inventando nada… Por un capricho presidencial una parte de la sociedad no está teniendo derecho a vivir plenamente su Fe. Es cierto que hay caminos alternativos… es verdad que esto se soluciona a través de un enviado del obispo con expresa autorización… pero… ¿Porqué no tenemos derecho a recibir a Monseñor Baseotto con todos los honores que le corresponden, cuando ES y SIGUE SIENDO NUESTRO OBISPO CASTRENSE? ¿Podemos hablar de libertad religiosa los miembros de la familia militar?

Para los creyentes, el Obispo, a diferencia de los sacerdotes, tiene la triple potestad de Santificar, Regir y Enseñar al rebaño a él confiado… y los miembros de la familia militar tienen expresamente prohibido el derecho a recibir en plenitud el magisterio de su Pastor… Esto no puede ser libertad.

El Derecho a la Libertad de Expresión.

¿Somos realmente libres para expresarnos en la Argentina de Kirchner? El mismo Artículo 14 habla claramente del derecho de todo ciudadano a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con rango Constitucional a partir de las reformas de 1994, expresa claramente en su artículo 19 que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión… este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, por cualquier medio de expresión”.

Este es otro punto vital que pone en evidencia la existencia o no de una república con valores democráticos. ¿Tienen todos los sectores sociales libertad para expresar sus ideas sin temores de ninguna especie?

En mi vida personal he sido protagonista de que al menos la familia militar tampoco goza de este derecho consagrado en la Constitución Nacional. La primera Carta de Lectores, expresando mis ideas, trajo aparejada una dura sanción para mi marido, que a raíz de la presión de la opinión pública fue levantada por el mismo presidente de la república. Como no aprendí la lección y seguí escribiendo distintas Cartas de Lectores y me inicié como Columnista Semanal en SEPRIN (Servicio Privado de Informaciones), meses después, mi marido era directamente pasado a Retiro Obligatorio, perdiendo su carrera.

El mensaje mafioso era terrible. Ya que otras voces se habían inicialmente plegado a mi lucha, se quería dejar claro que toda esposa de militar que quisiera hacer valer sus derechos, su marido pagaría las consecuencias en forma directa. Y esto no ha sido un problema exclusivo e interno del Ejército Argentino. La Ministro de Defensa, ironías del destino, me dijo personalmente que ella estaba de acuerdo con la decisión de la Junta Militar que había terminado con la carrera de mi esposo. ¿Hay algo más fachista que este progresismo que nos gobierna?. Una teórica defensora de los Derechos Humanos aplaude una medida claramente anticonstitucional, que lesiona los derechos humanos de los ciudadanos argentinos. Y el presidente también tomó conocimiento en forma directa de este problema, e ¿Hizo algo al respecto? Por supuesto que no, ya que es el primer responsable de este régimen hegemónico que nos gobierna.

El Derecho a la Libertad de Pensamiento / Opinión.

Pero el problema es todavía más profundo. Mal que nos pese, al menos en las democracias de burdel que casi siempre hemos tenido, la libertad de expresión, con la consecuente libertad de prensa, nunca han sido las asignaturas de mayor calificación en Argentina. Tal vez esto forma parte de la cultura social autoritaria que nos caracteriza.

Pero en el presente se ha avanzado un paso más en la violación de las libertades individuales. En este momento ya no sólo no se puede expresar las propias ideas, sino que tampoco se puede tener un propio pensamiento. Esto es muy serio, esto es muy grave. Se está imponiendo un pensamiento único, donde no se acepta ninguna diferencia.

Respecto a la década del 70, pareciera ser que el Espíritu Santo se hubiera encarnado en el nuevo emperador, y que la nueva verdad revelada manifiesta que en Argentina no hubo Guerra Revolucionaria, no hubieron delincuentes terroristas y que toda la historia se resume en la existencia de unas Fuerzas Armadas asesinas, que para defender los intereses del imperialismo, asesinaron a mansalva a los jóvenes idealistas del pueblo argentino. Y esta concepción se impone como verdad de Fe en todos los estamentos… y nadie puede osar siquiera pensar de manera distinta, porque se queda sin trabajo.

En última instancia, mi marido se ha quedado sin trabajo, porque algunos piensan que él piensa de determinada manera. Y como se está tratando de arrasar por el terror cualquier disenso en esta materia, todo es lícito, aunque se pisotee la propia Constitución Nacional.

Se está re escribiendo la Historia Argentina, inventando una nueva Historia Oficial, que permita redimir, perdonar a los terroristas del ayer. Y en este punto, por lo visto no se está dispuesto a ceder. La izquierda blindada o combativa del ayer, se está encargando sistemáticamente de atacar el ambiente educativo. Para lavar la cabeza de las nuevas generaciones argentinas, presentando una visión sesgada, parcial de la historia argentina. Y esto es realmente muy grave, porque vamos en camino de volver a equivocarnos.

Lo sucedido con el Teniente Coronel Sigón en un regimiento de Esquel es una muestra más en este camino de re escribir la historia, apelando al terror y al miedo. Este hombre es relevado por pasar un video institucional donde simplemente se narra la Historia del Ejército Argentino, desde las Invasiones Inglesas hasta las Misiones de Paz, pasando por todas las campañas en que participara el ejército argentino. Con este video institucional, preparado por el General Baza, actual embajador en Colombia, el Ejército Argentino ganó el Primer premio de la Categoría Tradición, en la Convención EJERCITOS Y PUEBLOS, realizada en ROMA entre el 23 y el 28 de Noviembre de 1993. Esto es otra locura… No se puede decir nada que contradiga la visión oficial de lo sucedido en el país…

Lo que está sucediendo es muy grave. Yo me pregunto si los militares deben ser autómatas o tienen derecho a pensar por si mismos. Es lógico que en atención a la disciplina los militares en actividad no puedan emitir opiniones políticas. ¿Pero tampoco pueden pensar? ¿Es obligación de todos los uniformados estar de acuerdo con el proyecto político del gobierno de turno? Dicho de otra manera: ¿Se puede dejar en la calle a un miembro de las Fuerzas Armadas por pensar distinto a lo establecido por el poder ejecutivo? ¿Están todos los militares obligados a pensar de la misma manera?.

Han quedado muchas cosas en el tintero, muchos otros derechos son diariamente pisoteados por este gobierno… podríamos referirnos al Derecho de Asociación, a la Discriminación de la cual fui objeto, pero el tiempo no nos ha permitido seguir avanzando en esta dirección.

A manera de resumen, vuelvo a la tesis con la cual iniciara esta breve exposición. No estamos viviendo en un auténtico estado de derecho, por cuanto no se está respetando íntegramente la Constitución Nacional.

Muchas Gracias