El sorpresivo pase a retiro obligatorio del Gral Montero, Jefe de Inteligencia del Ejército, pone de manifiesto el desconocimiento de la ley o la complicidad manifiesta con el delito por parte de la Ministro de Defensa, Nilda Garré. Prácticamente todos los medios periodísticos, sin confirmación o negación de los involucrados, atribuyeron la medida tomada, a una presunta deslealtad del militar de carrera, oportunamente detectada por una escucha telefónica desarrollada por agentes de la Secretaría de Inteligencia.Al respecto, creo conveniente destacar que el artículo 5 de la Ley de Inteligencia establece que: “Las comunicaciones telefónicas…, son inviolables en todo el ámbito de la República Argentina, excepto cuando mediare orden o dispensa judicial en sentido contrario”, mientras que el Artículo 18 confirma: “Cuando en el desarrollo de las actividades de inteligencia... sea necesario realizar interceptaciones o captaciones de comunicaciones privadas de cualquier tipo, la Secretaría de Inteligencia deberá solicitar la pertinente autorización judicial”.
Dejando de lado el desprecio por la ley que siempre ha evidenciado la ministro cuestionada, llama poderosamente la atención el destino de los fondos que todos pagamos para el funcionamiento de la inteligencia nacional. Mientras los delincuentes gozan de tierra liberada, nuestros “servicios” siguen preocupados en operar contra los presuntos opositores políticos.
