El 1ro de mayo, los argentinos que realmente queremos a las instituciones armadas recibíamos un nuevo golpe. A los múltiples “accidentes” sufridos en los últimos años, se sumaba la caída de un Avión Mirage, con la pérdida irreparable de la vida del piloto, quien entregó su vida evitando que la aeronave cayera sobre algún centro poblado.
El 31 de agosto de 1999, el vuelo de LAPA 3142 protagonizaba uno de los accidentes aéreos más trágicos en la historia de la aviación comercial de Argentina. En aquel caso, la justicia decidió el procesamiento penal, entre otros, de los directivos de LAPA, por haber cometido “estrago culposo”, al haber desempeñado "de manera negligente" los deberes a su cargo.
Lo sucedido el 1ro de mayo constituye un nuevo desafío a la idoneidad profesional y a la calidad moral de los magistrados que intervengan en la investigación de lo sucedido. Porque en este caso puntual, la principal responsable es la Ministro de Defensa, Nilda Garré, y los mismos cargos que se le hicieran a los directivos de LAPA son perfectamente aplicables a la funcionaria de Kirchner. ¿Estará la justicia a la altura de las circunstancias o seguirá funcionando de acuerdo a los intereses del poder político?.
domingo, 6 de mayo de 2007
sábado, 10 de marzo de 2007
Hugo Chávez y el Nuevo Imperialismo
Hugo Chávez estuvo presente en la República Argentina. El estadio de Ferrocarril Oeste, en pleno corazón del barrio porteño de caballito, se convirtió en territorio soberano de la ¿república? Bolivariana de Venezuela. El Ejército Popular chavista, conformado por oficiales de aquel país conduciendo a piqueteros de la ¿república? Argentina, se constituyeron en las fuerzas de seguridad del acto Anti – Busch.
Lo llamativo del hecho, que pone de manifiesto las históricas incoherencias del lenguaje de las izquierdas, es que el mandatario venezolano proclama a los cuatro vientos que es un cruzado del antiimperialismo. La Real Academia Española define al Imperialismo como la “Actitud y doctrina de quienes practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política”.
¿No es esto lo que está haciendo Hugo Chávez con nuestro país, al condicionar su ayuda económica al apoyo de sus locuras anti norteamericanas? La historia parece volver al punto de partida. Lo mismo decían en la década del 70 los movimientos revolucionarios que respondían a los intereses y objetivos políticos de los países bajo la Cortina de Hierro. La izquierda ha reemplazado los amos. El lugar de la URSS, China y Cuba ha sido ocupado por Venezuela. La soberanía nacional sigue esperando.
Lo llamativo del hecho, que pone de manifiesto las históricas incoherencias del lenguaje de las izquierdas, es que el mandatario venezolano proclama a los cuatro vientos que es un cruzado del antiimperialismo. La Real Academia Española define al Imperialismo como la “Actitud y doctrina de quienes practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política”.
¿No es esto lo que está haciendo Hugo Chávez con nuestro país, al condicionar su ayuda económica al apoyo de sus locuras anti norteamericanas? La historia parece volver al punto de partida. Lo mismo decían en la década del 70 los movimientos revolucionarios que respondían a los intereses y objetivos políticos de los países bajo la Cortina de Hierro. La izquierda ha reemplazado los amos. El lugar de la URSS, China y Cuba ha sido ocupado por Venezuela. La soberanía nacional sigue esperando.
sábado, 18 de noviembre de 2006
El Pueblo Argentino y el Derecho a la Paz
Sin lugar a dudas –y la violencia en Medio Oriente así lo comprueba- la paz social, tanto nacional como internacional, se constituye en uno de los bienes más importantes a los que debe aspirar todo pueblo para vivir dignamente. No es posible el progreso, con el consiguiente mejoramiento del bienestar de los habitantes, sin un ambiente de paz social que proporcione las condiciones adecuadas para el desarrollo de la persona humana.
Por tal razón, la consecución de la paz es una de las principales responsabilidades de todo gobierno. Por algo su logro es uno de los objetivos nacionales que los distintos pueblos plasmaron en sus constituciones fundacionales. Casi todas las Convenciones y Declaraciones Internacionales, desde la Carta de Fundación de Naciones Unidas, la establecen como una de sus metas más importantes.
Si bien la paz es consecuencia de la justicia, no alcanza su plena realización en ella. Fruto del corazón de la persona, la paz sólo se encuentra cuando el perdón y la reconciliación se sobreponen al odio y al resentimiento. De este principio deriva la enorme responsabilidad de los distintos gobiernos por crear las condiciones para fomentar en el espíritu de los ciudadanos actitudes pacíficas, tendientes a superar los conflictos del pasado.
Si hasta resulta difícil hacer “justicia” en los hechos delictivos y conflictos vivenciados en un ambiente de tranquilidad pública, su logro en situaciones de guerra o de graves conflictos armados, constituye una tarea titánica, muchas veces impracticable, por las lógicas subjetividades de quienes están inmersos en el conflicto.
Fue por ello que la comunidad internacional, ya en el año 1977, cuando consagraba el Protocolo II Adicional a las Convenciones de Ginebra, en el Inciso 5 de su artículo 6, expresaba: “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.”
La construcción ideal de la paz resulta de la justicia. Pero las limitaciones humanas y la complejidad de algunas situaciones, imponen, algunas veces, que el olvido superador permita a los pueblos reencontrarse en el perdón y la reconciliación, que son los pilares más importantes de la paz social.
Ahora bien, ¿Por qué nuestro país continúa anclado en el pasado? ¿Cumplieron los distintos gobiernos con su obligación indeclinable de crear las condiciones para la paz? ¿Por qué no se aplicó en nuestro país el Protocolo II recientemente presentado?.
Una rápida mirada a lo sucedido en estos años de democracia nos permitirá comprender que desde 1983, hasta el presente, la mayor parte de los gobernantes no ha estado a la altura de las necesidades de la historia. Por distintos motivos, salvo honrosas excepciones, ninguno de los ocupantes de la Casa Rosada tuvo la grandeza del estadista para cerrar definitivamente el capítulo setentista.
Uno de los últimos actos del Gobierno Militar, tal vez considerando las exigencias de un Tratado Internacional que todavía no nos vinculaba, fue dictar una ley de amnistía, que comprendía tanto a los militares como a los terroristas que habían atentado contra la democracia, la paz y los derechos humanos de la población argentina.
Uno de los primeros actos del gobierno alfonsinista fue anular dicha amnistía, por haber tenido su origen en un gobierno de facto, al tiempo que impulsó el procesamiento de las tres Primeras Juntas Militares y de los cabecillas de las Organizaciones Terroristas. En realidad, de estas dos decisiones políticas, la primera fue la única que contó con el esfuerzo y la voluntad de los poderes constituidos, persiguiendo penalmente a los agentes del estado y dejando en una amnistía de hecho, a los terroristas que atentaron contra la nación.
Alfonsín no tuvo la virtud de la ecuanimidad, para buscar de verdad la justicia plena, ni la grandeza del estadista, para impulsar una ley de amnistía que creara las condiciones para un futuro mejor. Se quedó a mitad de camino, y con esa actitud les privó a las nuevas generaciones de vivir en plenitud el derecho a la paz. Y para ello, no dudó en acudir a algunas triquiñuelas que es conveniente rescatar del olvido.
El 25 de setiembre de 1986 el Congreso de la Nación ratificaba por ley el Protocolo II Adicional a las Convenciones de Ginebra y el 09 de Octubre esta ley era promulgada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, recién sería publicada en el Boletín Oficial el 09 de junio de 1988, dos años después de haber sido dictada, ¿Por qué se tomaría esta medida?.
Para comprenderlo hay que tener presente que esta ley, vinculante para nuestro país, aceptaba y alentaba que la Amnistía era un mecanismo válido para superar los conflictos armados internos no internacionales. Y en el año 1986 la Corte Suprema de Justicia se encontraba analizando los recursos presentados por los defensores de los militares en el Juicio a las Juntas, que basaban la misma, entre otras cosas, en la validez constitucional de la Amnistía dictada por el gobierno de Bignone. ¿Podría mantenerse firme la sentencia si la Corte hubiera tenido que considerar como Ley vinculante lo establecido en el Inciso 5 del Artículo 6 del IIdo Protocolo a las Convenciones de Ginebra?.
Como las leyes entran en vigencia después de su publicación en el Boletín Oficial, Alfonsín sólo tuvo que cajonear el expediente hasta que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena, y recién entonces, ordenar su registro en el Boletín Oficial. Con esta sencilla trampa, el gobierno radical nos privó a los argentinos de poder alcanzar rápidamente la verdadera paz social. ¿Buscaba realmente la justicia? ¿Fue un instrumento de la revancha? ¿O el oportunismo político lo llevó a ignorar la exigencia de la paz?.
La historia siguió su rumbo, y las necesidades políticas llevaron a la aprobación de dos leyes, que aunque imperfectas, sirvieron para descomprimir las injusticias y alentaron la pacificación nacional. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, seguidas por los Indultos Presidenciales que efectuaron otras administraciones, sirvieron para subsanar, al menos parcialmente, los errores cometidos y crearon las condiciones apropiadas para encarar un proyecto de país, donde los lazos de unión prevalecieran sobre el resentimiento.
Así llegamos al 2003 y como en las viejas políticas de ficción, el túnel del tiempo nos instaló nuevamente en el punto de partida. La casualidad quiso que la soberbia montonera llegara al gobierno a través de las urnas, y una política revanchista, facciosa y resentida, derrumbó paso a paso todos los instrumentos creados para llegar a la paz social.
En nombre de la justicia, que debiera ser ecuánime, se persigue actualmente a los agentes del estado que combatieron al terrorismo, al tiempo que se dejan impunes los miles de crímenes cometidos por las organizaciones político – militares que apelaron a la guerra revolucionaria como estrategia para la toma del poder. Se indemniza a los familiares de los desaparecidos, pero se niega el resarcimiento correspondiente a las víctimas de la guerrilla marxista. Se alienta la condena social al llamado terrorismo de estado, pero se estimula el reconocimiento a quienes tomaron las armas contra la sociedad y la democracia en los 70.
A esta altura de los acontecimientos, en los umbrales del bicentenario de nuestra patria, y en momentos en que una nueva campaña eleccionaria se aproxima, es hora de preguntarnos si la clase política del siglo XXI estará a la altura de las necesidades de un presente convulsionado. ¿Tendrán los Macri, Lavagna, Lopez Murphy, Carrió, Terráneo, Patti, Binner, Sobish, Menem o Rodríguez Saa, la grandeza y el coraje de los estadistas para convocar una amplia y generosa amnistía, o seguiremos “cajonenando” en el oportunismo político o el resentimiento, el derecho de todos los argentinos a restaurar la paz social?.
Por tal razón, la consecución de la paz es una de las principales responsabilidades de todo gobierno. Por algo su logro es uno de los objetivos nacionales que los distintos pueblos plasmaron en sus constituciones fundacionales. Casi todas las Convenciones y Declaraciones Internacionales, desde la Carta de Fundación de Naciones Unidas, la establecen como una de sus metas más importantes.
Si bien la paz es consecuencia de la justicia, no alcanza su plena realización en ella. Fruto del corazón de la persona, la paz sólo se encuentra cuando el perdón y la reconciliación se sobreponen al odio y al resentimiento. De este principio deriva la enorme responsabilidad de los distintos gobiernos por crear las condiciones para fomentar en el espíritu de los ciudadanos actitudes pacíficas, tendientes a superar los conflictos del pasado.
Si hasta resulta difícil hacer “justicia” en los hechos delictivos y conflictos vivenciados en un ambiente de tranquilidad pública, su logro en situaciones de guerra o de graves conflictos armados, constituye una tarea titánica, muchas veces impracticable, por las lógicas subjetividades de quienes están inmersos en el conflicto.
Fue por ello que la comunidad internacional, ya en el año 1977, cuando consagraba el Protocolo II Adicional a las Convenciones de Ginebra, en el Inciso 5 de su artículo 6, expresaba: “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.”
La construcción ideal de la paz resulta de la justicia. Pero las limitaciones humanas y la complejidad de algunas situaciones, imponen, algunas veces, que el olvido superador permita a los pueblos reencontrarse en el perdón y la reconciliación, que son los pilares más importantes de la paz social.
Ahora bien, ¿Por qué nuestro país continúa anclado en el pasado? ¿Cumplieron los distintos gobiernos con su obligación indeclinable de crear las condiciones para la paz? ¿Por qué no se aplicó en nuestro país el Protocolo II recientemente presentado?.
Una rápida mirada a lo sucedido en estos años de democracia nos permitirá comprender que desde 1983, hasta el presente, la mayor parte de los gobernantes no ha estado a la altura de las necesidades de la historia. Por distintos motivos, salvo honrosas excepciones, ninguno de los ocupantes de la Casa Rosada tuvo la grandeza del estadista para cerrar definitivamente el capítulo setentista.
Uno de los últimos actos del Gobierno Militar, tal vez considerando las exigencias de un Tratado Internacional que todavía no nos vinculaba, fue dictar una ley de amnistía, que comprendía tanto a los militares como a los terroristas que habían atentado contra la democracia, la paz y los derechos humanos de la población argentina.
Uno de los primeros actos del gobierno alfonsinista fue anular dicha amnistía, por haber tenido su origen en un gobierno de facto, al tiempo que impulsó el procesamiento de las tres Primeras Juntas Militares y de los cabecillas de las Organizaciones Terroristas. En realidad, de estas dos decisiones políticas, la primera fue la única que contó con el esfuerzo y la voluntad de los poderes constituidos, persiguiendo penalmente a los agentes del estado y dejando en una amnistía de hecho, a los terroristas que atentaron contra la nación.
Alfonsín no tuvo la virtud de la ecuanimidad, para buscar de verdad la justicia plena, ni la grandeza del estadista, para impulsar una ley de amnistía que creara las condiciones para un futuro mejor. Se quedó a mitad de camino, y con esa actitud les privó a las nuevas generaciones de vivir en plenitud el derecho a la paz. Y para ello, no dudó en acudir a algunas triquiñuelas que es conveniente rescatar del olvido.
El 25 de setiembre de 1986 el Congreso de la Nación ratificaba por ley el Protocolo II Adicional a las Convenciones de Ginebra y el 09 de Octubre esta ley era promulgada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, recién sería publicada en el Boletín Oficial el 09 de junio de 1988, dos años después de haber sido dictada, ¿Por qué se tomaría esta medida?.
Para comprenderlo hay que tener presente que esta ley, vinculante para nuestro país, aceptaba y alentaba que la Amnistía era un mecanismo válido para superar los conflictos armados internos no internacionales. Y en el año 1986 la Corte Suprema de Justicia se encontraba analizando los recursos presentados por los defensores de los militares en el Juicio a las Juntas, que basaban la misma, entre otras cosas, en la validez constitucional de la Amnistía dictada por el gobierno de Bignone. ¿Podría mantenerse firme la sentencia si la Corte hubiera tenido que considerar como Ley vinculante lo establecido en el Inciso 5 del Artículo 6 del IIdo Protocolo a las Convenciones de Ginebra?.
Como las leyes entran en vigencia después de su publicación en el Boletín Oficial, Alfonsín sólo tuvo que cajonear el expediente hasta que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena, y recién entonces, ordenar su registro en el Boletín Oficial. Con esta sencilla trampa, el gobierno radical nos privó a los argentinos de poder alcanzar rápidamente la verdadera paz social. ¿Buscaba realmente la justicia? ¿Fue un instrumento de la revancha? ¿O el oportunismo político lo llevó a ignorar la exigencia de la paz?.
La historia siguió su rumbo, y las necesidades políticas llevaron a la aprobación de dos leyes, que aunque imperfectas, sirvieron para descomprimir las injusticias y alentaron la pacificación nacional. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, seguidas por los Indultos Presidenciales que efectuaron otras administraciones, sirvieron para subsanar, al menos parcialmente, los errores cometidos y crearon las condiciones apropiadas para encarar un proyecto de país, donde los lazos de unión prevalecieran sobre el resentimiento.
Así llegamos al 2003 y como en las viejas políticas de ficción, el túnel del tiempo nos instaló nuevamente en el punto de partida. La casualidad quiso que la soberbia montonera llegara al gobierno a través de las urnas, y una política revanchista, facciosa y resentida, derrumbó paso a paso todos los instrumentos creados para llegar a la paz social.
En nombre de la justicia, que debiera ser ecuánime, se persigue actualmente a los agentes del estado que combatieron al terrorismo, al tiempo que se dejan impunes los miles de crímenes cometidos por las organizaciones político – militares que apelaron a la guerra revolucionaria como estrategia para la toma del poder. Se indemniza a los familiares de los desaparecidos, pero se niega el resarcimiento correspondiente a las víctimas de la guerrilla marxista. Se alienta la condena social al llamado terrorismo de estado, pero se estimula el reconocimiento a quienes tomaron las armas contra la sociedad y la democracia en los 70.
A esta altura de los acontecimientos, en los umbrales del bicentenario de nuestra patria, y en momentos en que una nueva campaña eleccionaria se aproxima, es hora de preguntarnos si la clase política del siglo XXI estará a la altura de las necesidades de un presente convulsionado. ¿Tendrán los Macri, Lavagna, Lopez Murphy, Carrió, Terráneo, Patti, Binner, Sobish, Menem o Rodríguez Saa, la grandeza y el coraje de los estadistas para convocar una amplia y generosa amnistía, o seguiremos “cajonenando” en el oportunismo político o el resentimiento, el derecho de todos los argentinos a restaurar la paz social?.
sábado, 28 de octubre de 2006
Roberto Felicetti como Director General de Políticas de Reciclado Urbano de la ciudad de Buenos Aires
Nuestro querido país da para todo. Daría la impresión que nuestros gobernantes ponen a prueba todos los días nuestra capacidad de asombro. Fuentes reservadas aseguran que entre los requisitos para ser funcionario de las distintas variantes del oficialismo kirchnerista, un aspecto es determinante: el haber ejercido o alentado la violencia contra el estado nacional en algún momento de nuestra historia.
Da lo mismo que hayan sido montoneros, erpianos o actuales piqueteros. Lo importante es que tengan en sus venas un desprecio cabal por la ley, la democracia y las instituciones. Lo esencial es que el pensamiento totalitario y delirante sea su signo distintivo.
Así podemos comprender la designación de Roberto Felicetti como Director General de Políticas de Reciclado Urbano de la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién podría tener más meritos? Luis D elía parece una maestra jardinera a comparación suya. En su haber cuentan la muerte de 2 policías de la Provincia de Buenos Aires y 9 integrantes del Ejército Argentino, entre los que se destacan 4 soldados conscriptos.
Algo hay que reconocer. En el nombramiento de Telerman se equilibra un poco la balanza. Ya había demasiados montoneros en la administración pública. Los erpianos reciclados en el Movimiento Todos por la Patria también tienen sus derechos. Gracias, presidente; gracias Jefe de Gobierno. Sus disparates diarios ayudan al pueblo argentino a conocer el verdadero rostro del progresismo que nos gobierna.
Da lo mismo que hayan sido montoneros, erpianos o actuales piqueteros. Lo importante es que tengan en sus venas un desprecio cabal por la ley, la democracia y las instituciones. Lo esencial es que el pensamiento totalitario y delirante sea su signo distintivo.
Así podemos comprender la designación de Roberto Felicetti como Director General de Políticas de Reciclado Urbano de la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién podría tener más meritos? Luis D elía parece una maestra jardinera a comparación suya. En su haber cuentan la muerte de 2 policías de la Provincia de Buenos Aires y 9 integrantes del Ejército Argentino, entre los que se destacan 4 soldados conscriptos.
Algo hay que reconocer. En el nombramiento de Telerman se equilibra un poco la balanza. Ya había demasiados montoneros en la administración pública. Los erpianos reciclados en el Movimiento Todos por la Patria también tienen sus derechos. Gracias, presidente; gracias Jefe de Gobierno. Sus disparates diarios ayudan al pueblo argentino a conocer el verdadero rostro del progresismo que nos gobierna.
sábado, 16 de septiembre de 2006
Obediencia Debida
El 15 de setiembre se conmemoró el bicentenario de la creación del Regimiento Patricios. También se recordaba el día de la Infantería, el arma de los sueños de mi esposo y la razón de ser de nuestra presencia en dicha ceremonia.
Habiendo iniciado el acto, un joven oficial le dice a mi marido, que por orden del General Bendini tenía que retirarse. Mi esposo, con mucho dolor acata la orden y se va por donde había ingresado. Me comunican entonces que yo también tenía que hacerlo, pero le recuerdo al joven capitán que no tengo estado militar. Me piden la tarjeta de invitación… y o casualidad, nadie alrededor la tenía. ¿Por qué justamente yo me tenía que ir?.
Como no acataba la “orden”, aproximadamente 20 uniformados, apoyados por personal civil de inteligencia, forman un doble cordón para que no pudiera moverme. Conforme avanzaba la ceremonia, la presión se hacía más intensa. Finalmente no me quedó más remedio que asumir la “obediencia debida”. Grotesco, ridículo, pero una muestra acabada de hasta donde ha llegado la persecución.
Yo me pregunto… expulsar a la esposa de un oficial del Ejército Argentino de una fiesta por la cual ya había pagado… ¿Forma parte de la Obediencia Debida o es una Orden manifiestamente inmoral? ¡Cuántos están delinquiendo en las instituciones de mi patria!.
Habiendo iniciado el acto, un joven oficial le dice a mi marido, que por orden del General Bendini tenía que retirarse. Mi esposo, con mucho dolor acata la orden y se va por donde había ingresado. Me comunican entonces que yo también tenía que hacerlo, pero le recuerdo al joven capitán que no tengo estado militar. Me piden la tarjeta de invitación… y o casualidad, nadie alrededor la tenía. ¿Por qué justamente yo me tenía que ir?.
Como no acataba la “orden”, aproximadamente 20 uniformados, apoyados por personal civil de inteligencia, forman un doble cordón para que no pudiera moverme. Conforme avanzaba la ceremonia, la presión se hacía más intensa. Finalmente no me quedó más remedio que asumir la “obediencia debida”. Grotesco, ridículo, pero una muestra acabada de hasta donde ha llegado la persecución.
Yo me pregunto… expulsar a la esposa de un oficial del Ejército Argentino de una fiesta por la cual ya había pagado… ¿Forma parte de la Obediencia Debida o es una Orden manifiestamente inmoral? ¡Cuántos están delinquiendo en las instituciones de mi patria!.
miércoles, 9 de agosto de 2006
La Libertad Amenazada
Como no podía ser de otra manera, tarde o temprano el régimen muestra su verdadero rostro. La dictadura del pensamiento único se presenta tal cual es y para eso recurre a un viejo, mentado y ridículo recurso: la existencia de un supuesto plan desestabilizador.
Y este anuncio de los nuevos voceros presidenciales, no por infantil, deja de ser peligroso. Porque abre el camino para profundizar la limitación de las libertades individuales. Todos los gobiernos con vocación hegemónica acudieron históricamente a este recurso para cercenar los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.
No contento con limitar la libertad religiosa y la libertad de expresión, el gobierno centra su esfuerzo en la anulación de la libertad de pensamiento. Ya no sólo no podemos hablar, sino que ni siquiera se puede pensar distinto, porque automáticamente pasamos a formar parte de un complot que procura atentar contra el presidente.
Es cierto que no comparto la política hemipléjica de derechos humanos orquestada desde la Casa Rosada. Es cierto que entiendo que sólo una ley de amnistía amplia y generosa nos permitirá a los argentinos superar las heridas de un pasado violento. Es cierto que no me gusta ver a mi país alineado internacionalmente con Chávez y Fidel Castro. Es cierto que defiendo la vida humana desde el momento mismo de la concepción. Pero, me pregunto… ¿Me constituye esto en una peligrosa delincuente? Cuidado, argentinos, porque hoy vienen por mi… ¿y mañana?.
Y este anuncio de los nuevos voceros presidenciales, no por infantil, deja de ser peligroso. Porque abre el camino para profundizar la limitación de las libertades individuales. Todos los gobiernos con vocación hegemónica acudieron históricamente a este recurso para cercenar los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.
No contento con limitar la libertad religiosa y la libertad de expresión, el gobierno centra su esfuerzo en la anulación de la libertad de pensamiento. Ya no sólo no podemos hablar, sino que ni siquiera se puede pensar distinto, porque automáticamente pasamos a formar parte de un complot que procura atentar contra el presidente.
Es cierto que no comparto la política hemipléjica de derechos humanos orquestada desde la Casa Rosada. Es cierto que entiendo que sólo una ley de amnistía amplia y generosa nos permitirá a los argentinos superar las heridas de un pasado violento. Es cierto que no me gusta ver a mi país alineado internacionalmente con Chávez y Fidel Castro. Es cierto que defiendo la vida humana desde el momento mismo de la concepción. Pero, me pregunto… ¿Me constituye esto en una peligrosa delincuente? Cuidado, argentinos, porque hoy vienen por mi… ¿y mañana?.
sábado, 5 de agosto de 2006
La Secretaría de Derechos Humanos y el Derecho a la Vida
Los últimos días, se ha instalado en la opinión pública el recurrente tema del derecho al aborto. Al respecto, las diputadas por el Frente para la Victoria, Diana Conti y Graciela Rosso formalizaron el pedido de Jury de enjuiciamiento contra la jueza Siro, quien en uso de sus atribuciones, y en defensa de un inocente e indefenso niño, prohibió la realización del aborto a una joven discapacitada.
Carmen Argibay, miembro de la Corte Suprema de Justicia, en una descalificación indirecta de la conducta de la jueza, dijo que habría que echar de la justicia a quienes juzgan de acuerdo con sus creencias. En la misma línea se expidieron algunos legisladores de Chubut, para quienes la jueza habría privilegiado sus convicciones religiosas por sobre la tipificación de un delito penal.
Días atrás, a raíz de una entrevista con el Dr Luis Duhalde, el Secretario de los Derechos Humanos me obsequió un libro muy interesante: “la República Argentina y los Instrumentos Jurídicos Internacionales sobre Derechos Humanos” (Edición Mayo de 2006).
En su página 194, al referirse a la Convención de los Derechos del Niño, el documento afirma que Argentina “entiende por niño a todo ser humano desde el momento de su concepción hasta los 18 años de edad”. Entonces cabe preguntarse: ¿Quién obra de acuerdo a sus creencias y quién de acuerdo a la Ley?. Al parecer, algunas diputadas y algunos jueces tendrían que repasar un poco lo que está escrito en la ley positiva. Especialmente, la señora Conti, quien si mal no recuerdo, se desempeñó como Secretaria de Derechos Humanos, cuando dicha convención ya era ley en Argentina.
Carmen Argibay, miembro de la Corte Suprema de Justicia, en una descalificación indirecta de la conducta de la jueza, dijo que habría que echar de la justicia a quienes juzgan de acuerdo con sus creencias. En la misma línea se expidieron algunos legisladores de Chubut, para quienes la jueza habría privilegiado sus convicciones religiosas por sobre la tipificación de un delito penal.
Días atrás, a raíz de una entrevista con el Dr Luis Duhalde, el Secretario de los Derechos Humanos me obsequió un libro muy interesante: “la República Argentina y los Instrumentos Jurídicos Internacionales sobre Derechos Humanos” (Edición Mayo de 2006).
En su página 194, al referirse a la Convención de los Derechos del Niño, el documento afirma que Argentina “entiende por niño a todo ser humano desde el momento de su concepción hasta los 18 años de edad”. Entonces cabe preguntarse: ¿Quién obra de acuerdo a sus creencias y quién de acuerdo a la Ley?. Al parecer, algunas diputadas y algunos jueces tendrían que repasar un poco lo que está escrito en la ley positiva. Especialmente, la señora Conti, quien si mal no recuerdo, se desempeñó como Secretaria de Derechos Humanos, cuando dicha convención ya era ley en Argentina.
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